Pie de foto: Patricia / El Acróbata.

Hace más de un año, en febrero de 2014, el tono del teléfono interrumpió la tarde de Patricia (nombre ficticio para preservar su intimidad). No se imaginaba que esa llamada sería la primera de otras muchas relacionadas con el mismo asunto. El mensaje era tan claro y sencillo como desconcertante para ella: debía un dinero que no había gastado. Lo primero que le reclamaron fueron 800 euros por los diferentes cargos de una tarjeta VISA a su nombre efectuados durante los últimos meses. Sin excepción, todos por compra de ropa. Tras los primeros síntomas de incredulidad y de negar lo ocurrido, llegó la indignación: “¿Cómo puede haber pasado esto?”.

Patricia, en su relato a El Acróbata, cuenta cómo sus primeras sospechas -acertadas- sobre la persona que le podía estar suplantando la identidad tardaron en llegar. Su situación personal en ese momento dificultaba seleccionar a cualquier candidato. Tuvo que pasar diferentes temporadas en el hospital a causa de un cáncer; debido a ese mismo motivo, tuvo que dar el carnet de identidad a varias personas de su entorno. “¿Sólo con rellenar dos datos te dan una tarjeta?”, se pregunta. Más tarde descubriría que sí, que únicamente con su DNI y con la ayuda de una serie de contratos falsos a su nombre, una persona le estaba robando su identidad y consiguiendo dinero a su costa estafando a diferentes empresas.

“No creas que se cogió una tarifa de teléfono baratita para ir tirando, ¿eh? ¡Claro, pagaba yo!”

La consecuente denuncia también sería la primera de varias visitas a comisaría. Allí le confirmaron que este tipo de delitos están en una clara línea ascendente. Durante los últimos años, España ha llegado a liderar la estadística de estos casos en Europa, según los datos oficiales ofrecidos por Eurostat –organismo internacional encargado de estudios estadísticos en la Unión Europea-. A partir de entonces, Patricia empezó “a tener más cuidado, a revisar todo online”. Sin embargo, el siguiente contratiempo no iba a tardar mucho en llegar, como ella misma confirma; “era algo que sabía, iba a volver a pasar”.  Dos meses después, la cara al ver el extracto bancario no era ya de sorpresa, sino de desánimo.

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Una importante compañía telefónica –no era la misma donde ella tenía contratada sus servicios- le pasó recibos que sumaban cerca de 450 euros. “No creas que se cogió una tarifa baratita para ir tirando, ¿eh? ¡Claro, pagaba yo!” comenta Patricia, con una mezcla de rabia, risa e impotencia.  Tras devolver los consecuentes recibos, la llamada no tardó en llegar.  Era una entidad jurídica contratada por la operadora. El tono de todas las conversaciones, hasta que se aclaró el problema, tendía a ser agresivo, aunque ésta en particular acabase por ser la más educada. Patricia ya figura en las diferentes listas de morosidad. Además, en este caso, tuvo que hacer frente a las diferentes entidades jurídicas que la empresa de telefonía iba contratando con el tiempo, que no compartían entre sí los datos que Patricia facilitaba. Un bucle con fin, pero lejano.

“Yo estaba convaleciente, muy convaleciente tras una operación, sólo podías recoger los papeles en un tiempo concreto, así que le firmé una autorización con una fotocopia de mi DNI”

La primera pista consistente para localizar a la persona que le estaba suplantando la identidad llegaría con esas llamadas. En la poca información que las empresas le dieron tanto por la tarjeta de crédito como por los recibos de telefonía –se amparaban, irónicamente, en la regulación de la protección de datos- una calle de Madrid se mencionó en ambos casos. La casualidad hizo que en una conversación rutinaria con una persona que tenían Patricia y su álter ego en común, se mencionara que ésta última se había mudado al lugar citado por las empresas. El rompecabezas empezaba a encajar. A partir de ese momento, Patricia ya tendría asesoría jurídica para hacer frente a las siguientes denuncias, continuaciones todas de la primera.

En su cabeza, Patricia empezaba a hacer conjeturas sobre cómo podría haber efectuado esa persona los hechos. Tiempo adelante, la policía se lo confirmaría.  Tras conocerse a través de una relación de trabajador-cliente en un establecimiento de la calle donde Patricia vive, con el tiempo se convirtieron en amigas. Patricia llegó a prestarle dinero: “Si puedes ayudar a otra persona le ayudas”, razona. Incluso esa persona llegó a ofrecerse para pasar noches en el hospital con Patricia. Como también se ofreció a recoger el papeleo de las bajas. “Yo estaba convaleciente, muy convaleciente tras una operación, sólo podías recoger los papeles en un tiempo concreto, así que le firmé una autorización con una fotocopia de mi DNI”, explica. El siguiente paso que dio para efectuar la suplantación –como le explicó la policía- fue hacer una serie de contratos falsificados a nombre de Patricia en el mismo establecimiento donde se conocieron. Pese a no ser la propietaria, sí pasaba tiempo a solas en el local como para poder tejer el engaño. Con esas falsas nóminas solicitó 3.000 euros en dos cargos a una compañía de créditos rápidos.

“Otros utilizan a un tercero, amigo o familiar para camuflar y dificultar la localización”, le comentó el agente a Patricia.

“Esa fue la peor llamada de todas, el tono agresivo, no me querían entender”. Al recibir esos extractos bancarios, con esa cantidad de dinero, Patricia llamó a la compañía de créditos rápidos para dejar su teléfono y explicar la situación antes de que derivase en algo peor. Sin embargo, el número debió de sustituir al que dejó en su momento la persona que le suplantó la identidad. Por ello, durante “la peor llamada de todas”, le echaron en cara que “ella ya había dado excusas, que incluso dijo que estaba enferma y que por eso no pudo pagar”.  La otra Patricia se había hecho pasar por ella llegando al extremo de utilizar su enfermedad. Además, había intentado cobrar un seguro incluido como cláusula del crédito, cosa que también le echaron en cara durante la llamada de teléfono. Tiempo más tarde, la empresa le envió una carta a modo de disculpa por lo sucedido.

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Al presentar estas nuevas denuncias, Patricia ya nombró a la persona sospechosa. En un acto más rutinario que intenso –ya con el agente que llevaría el caso a partir de ese momento-, la tuvo que identificar entre nueve fotografías. Las pesquisas policiales habían sido más que correctas, la pista definitiva para señalar a la supuesta culpable fue ponerse a sí misma como destinataria de los dos créditos express. “Otros utilizan a un tercero, amigo o familiar para camuflar y dificultar la localización”, le comentó el agente a Patricia.  Tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil tienen ahora mismo orden de busca y captura contra la  persona que –supuestamente- le suplantó la identidad.

Las empresas estafadas “parecen estar esperando a ver qué pasa con el caso para tomar medidas legales”, explica Patricia –la carga económica de más 4.000 euros está repartida en tres empresas-.  No espera mayores problemas ya que al figurar en las diferentes listas de morosidad, no podrá pedir más cosas a su nombre. Como suele suceder en estos casos, la Policía le insinuó que no era el primer delito del mismo estilo cometido –supuestamente- por esa persona. A la espera del futuro juicio que se producirá cuando la suplantadora sea detenida, la rabia que en su momento acaparó las emociones de Patricia deja paso a la decepción y la tristeza. Que no suene más el teléfono.

 

La exclusión de nombres y datos en el relato de la protagonista del artículo obedecen única y exclusivamente a preservar tanto su intimidad como su situación actual.