Dwight D. Eisenhower viendo las obras recuperadas por los aliados robadas por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial

Dwight D. Eisenhower viendo las obras recuperadas por los aliados robadas por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial

 

  • El contrabando de obras de arte y bienes arqueológicos supone la segunda fuente de ingresos del Daesh, solo por detrás del petróleo.

 

  • El expolio, en el más amplio sentido de la palabra, es un problema al que tiene que hacer frente todo estado, incluido España.

Recientemente hemos podido leer en prensa, ver en televisión o escuchar en radio, la destrucción del monasterio más antiguo de Irak, el de San Elías de Mosul (finales del s. VI d.C.) a manos de Daesh. Un episodio más de la barbarie contra el patrimonio histórico ante el que la comunidad internacional pone el grito en el cielo y la culta ciudadanía occidental se conmociona. La indignación cundió cuando las televisiones generalistas nos fusilaron con las imágenes de la voladura del templo de Baal Shamin (finales del s. II a.C.) en Palmira (Siria), o la destrucción a martillazos de los fondos del Museo Arqueológico de Mosul (Irak), pero estos no han sido los únicos casos, aunque sí los más recientes. Conmoción también causó la destrucción de la Biblioteca de Tombuctú (Malí) a manos de milicias adscritas a Al-Qaeda en el Magreb Islámico durante la Revuelta Tuareg de 2012, de similares dimensiones fue la voladura de los Budas de Bamiyan (ss. III-IV) en Afganistán por la milicia talibán en 2001. Los ataques contra el patrimonio histórico-artístico no se limitan a la destrucción. Más allá de los impactantes vídeos propagandísticos que editan estos grupos terroristas, sus acciones no se limitan –ni mucho menos- a la destrucción de símbolos de culturas a las que consideran enemigas.

La noticia llegó el mes pasado en Egipto, con la exposición en la ciudad de El Cairo con el título Objetos recuperados, organizada por el Ministerio de Antigüedades del país del Nilo. En la muestra se exponen 198 piezas del medio millar recuperado por las autoridades, robadas de museos y yacimientos arqueológicos durante las revueltas de 2011, en cuyo conflicto se dieron fenómenos tan graves como el asalto del propio museo que acoge dicha exposición. Se trata de un intento del gobierno egipcio por mejorar su imagen tanto interna como de cara al exterior, intentando desmentir las deficiencias de las que a menudo se les acusa en cuanto a la conservación de su patrimonio cultural. Lo que puede ser vendido como un éxito, no supone más que una mínima parte de las más de 3000 piezas que se estima fueron expoliadas durante este periodo.

La mayor parte de los objetos han conseguido ser localizados y reclamados por el gobierno de Egipto en aduanas, galerías de arte, casas de subastas y colecciones particulares de países occidentales. La difícil situación sociopolítica que viven los países de Oriente Medio y el Norte de África, sumado a la complicidad de los especuladores de piezas artísticas y arqueológicas, crean las condiciones perfectas para que los traficantes del patrimonio común hagan su particular agosto. A todo ello debemos añadir las poco favorables condiciones legales.

Según la legislación internacional, cada estado está obligado a devolver cualquier pieza de valor histórico-artístico a su lugar de origen siempre y cuando carezca de la documentación pertinente. La gran mayoría entran en el mercado negro saltándose cualquier control aduanero, pero la situación se complica con la falsificación de dicha documentación ya que, según la Convención de la UNESCO de 1970 –sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedades ilícitas de bienes culturales- toda pieza salida de su país de origen antes de esa fecha queda eximida de su devolución. Ante tales circunstancias, parece ser que las autoridades de distintos países están comenzando a dar los primeros pasos para acabar con el contrabando.

La amenaza del ISIS y la Declaración de El Cairo

La mayor amenaza actual proviene del autodenominado Estado Islámico. Más allá de la destrucción a la que ya se ha hecho referencia, buena parte de su actividad en este campo está enfocada a la compra-venta. Este fenómeno lo podemos interpretar en calve propagandística: amparados en una mala interpretación del Corán, y en algunas corrientes internas del islam de corte iconoclastas, su fin es eliminar cualquier imagen ajena a su cultura. Se trata de una demostración de fuerza con la que pretenden chantajear a las potencias occidentales así como a las fuerzas opositoras dentro del mundo islámico, una táctica que podríamos calificar como de “guerra psicológica”.

En segundo lugar, tendría una explicación mucho más terrenal, materialista si se quiere: la de la financiación. Según estimaciones de la propia UNESCO –quien ha calificado estos actos como “crímenes de guerra”- el expolio y la posterior venta en el mercado negro de piezas arqueológicas supondría la segunda fuente de ingresos de esta organización terrorista, con un valor superior a los 10 millones de dólares en el último año, solo por detrás de la exportación de petróleo. Los islamistas conseguirían dar salida a las piezas robadas a través de los países del Golfo Pérsico, quienes lograrían colocarlas en el circuito internacional con destino a los coleccionistas privados de Europa y Norteamérica.

Los Budas de Bamiyan antes y después de ser destruidos

Los Budas de Bamiyan antes y después de ser destruidos

Por su parte, los países de origen han manifestado su voluntad de colaboración para frenar el expolio de su rico patrimonio -cuya tendencia va en aumento- en la conocida como ‘Declaración de El Cairo’, cuyos firmantes son Jordania, Irak, Egipto y Libia, a los que se suman instituciones como la UNESCO y la Liga Árabe. Entre lo acordado, se comprometen a negociar con los países que mayor demanda tienen en este mercado ilícito. La reacción de la Unión Europea llegó a finales del pasado año, quedando una vez más patente la descoordinación que sufren los estados miembros.  

En el Viejo Continente llama especialmente la atención que, mientras que sí está clarificada la legislación en cuanto a la exportación, no existe todavía hoy una ordenación común en cuanto a la importación. Entre las primeras medidas a tomar queda contemplada la prohibición de adquirir cualquier pieza proveniente de países en conflicto como Siria o Irak, cuyos visos de éxito deben ser puestos cuanto menos en duda.

El Caso Español

Si centramos el foco en nuestro país, la situación no es comparable, pero sí podemos afirmar que se cierne una silenciada amenaza sobre nuestro patrimonio histórico. Según la ley 13/1985 de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español, en su artículo cuatro, se entiende por expoliación a “toda acción u omisión que ponga en peligro de pérdida o destrucción todos o alguno de los valores de los bienes que integran el Patrimonio Histórico Español o perturbe el cumplimiento de su función social. Por acción, la amenaza se limita a actos de vandalismo o a vulgares ladrones que pretenden sacarse un sobresueldo aprovechando sus paseos campestres. Por suerte, son pocas las bandas especializadas en el expolio a gran escala, delitos penados con hasta 3 años de prisión.

El mayor mal del que adolece nuestro patrimonio histórico es por omisión. Basta salir un domingo a cualquier pueblo o aldea de nuestro país para contemplar el verdadero estado de abandono en que se encuentran castillos, palacios e iglesias, tanto de propiedad pública como privada, cuyos propietarios están en la obligación legal de mantenerlos y conservarlos. Algo similar –o peor- ocurre en los miles de enclaves arqueológicos que tenemos la suerte de disfrutar en nuestra geografía, muchos de ellos con investigaciones interrumpidas y sin  publicar, otros totalmente dejados a su suerte.

Verdaderamente impactante fue ver cómo los terroristas machacaban el toro alado o lammasu de las Puerta de Nergal de Nínive (s. VIII a. C.), pero igualmente se nos encogió el corazón la pasada semana cuando vimos en televisión cómo se derrumbaba la torre-campanario del siglo XVIII de la iglesia de Roselló (Lérida), ambas, irrecuperables.

Jorge Benito Martínez es historiador especializado en Historia Contemporánea y profesor de Educación Secundaria.